El Diario - 29 de marzo.- Representantes de los periodistas independientes del país resolvieron declarar a la Ley de Imprenta como patrimonio jurídico, además propusieron realizar la reglamentación de la misma y presentar todos los libros de la Iniciativa Ciudadana ante la Asamblea Legislativa en los siguientes días a través de un comité de movilización.
El representante de los trabajadores de la prensa de Santa Cruz, Franz Araúz, dijo que los libros notariados que fueron parte de la campaña por la defensa de la libertad de expresión deberán ser presentados en su integridad ante la Asamblea Legislativa para continuar con la iniciativa ciudadana que busca modificar los artículos “mordaza” de la Ley antirracismo.
“Nuestra preocupación se refiere a los artículos 16 y 23 de la Ley antirracismo y es un hecho fundamental que se ha tratado en la conferencia. Se ha determinado además que los libros que están depositados en calidad de custodia en la Asociación de la Prensa de La Paz se entreguen en una fecha inmediata a las autoridades correspondientes, pero con copias notariadas para evitar que estos libros que los consideramos históricos sean destruidos como ya anunciaron algunos asambleístas”, declaró Araúz.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Pedro Glasinovic, dijo que durante la Conferencia de Santa Cruz también se abrió la posibilidad de reglamentar la Ley de Imprenta, respetando su carácter legal, pero adecuándola a los medios radiales y televisivos.
CONFERENCIA DE MEDIOS
Tras la conferencia realizada en la capital oriental, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) concluyeron un documento que señala: “Declaramos que La Ley de Imprenta de 1925, es patrimonio jurídico de nuestra nación y reiteramos que el mejor camino a su adecuación es la aprobación de una reglamentación consensuada y aprobada por las organizaciones de prensa, tal y como establece la CPE en el Artículo 107, parágrafo II”.
“La vigencia de los artículos anticonstitucionales 16 y 23 de la Ley 045, de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y su Reglamento pese a la iniciativa legislativa ciudadana que se testimonia en las rúbricas de centenares de miles de ciudadanos que respaldaron la defensa de la libertad de expresión, ha empujado al periodismo boliviano a una situación de autocensura y vulnerabilidad ante una ola creciente de procesos motivados por autoridades y particulares que incurren en desacato a la Ley de Imprenta”, agrega.
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